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España subirá un procedimiento de infracción

España y Portugal han atraído, al igual que Italia, un procedimiento de infracción. Europa exige que las normas nacionales garanticen la igualdad de trato de los operadores.

La Comisión Europea ha iniciado recientemente un procedimiento de infracción contra España. En el país ibérico, las playas se definen como “libres” y, por tanto, no están sujetas a concesiones, sino simplemente a autorización. Las autorizaciones administrativas para ejercer actividades lucrativas (como el alquiler de hamacas y sombrillas) deben someterse a concurso público, según establece la Ley de Costas.

Otra característica del sistema español es que la línea de demarcación del dominio marítimo se trasladó tierra adentro hace sólo unas décadas. Así, hay terrenos que eran privados sobre los que se construyeron edificios que de la noche a la mañana, cuando el gobierno decidió reapropiarse de esas porciones de playa, pasaron a ser propiedad pública.

Esta maniobra dio lugar a una serie de litigios, a los que el Estado español puso fin otorgando una concesión de setenta y cinco años a los propietarios privados convertidos en concesionarios. Una situación diferente de la italiana, en la que no hay licitaciones y en la que la delimitación de la zona de propiedad estatal no ha cambiado.

El procedimiento de infracción contra España se produjo por motivos diferentes: “La Ley de Costas española prevé la posibilidad de otorgar “concesiones” (autorizaciones) para la construcción de estructuras permanentes (por ejemplo, restaurantes, granjas, industria papelera o química, etc.) en el denominado “dominio público marítimo terrestre”, fuera de los puertos, sin un procedimiento de selección abierto y transparente. También prevé la posibilidad de ampliar la duración hasta setenta y cinco años, de nuevo sin procedimiento de selección. Esta norma viola la Directiva de servicios”.

Las correcciones solicitadas por Bruselas se refieren a las zonas destinadas a restauración u otras actividades (no al alquiler de sombrillas y tumbonas) y a la duración de la llamada “compensación” de setenta y cinco años.

En abril del año pasado, la Comisión Europea también abrió un procedimiento de infracción contra Portugal, al considerar que la legislación portuguesa, que otorga a los titulares de concesiones de playa existentes un derecho preferente en los procedimientos de licitación para su renovación, no era compatible con Bolkestein. Según la Comisión, un derecho preferente en favor de los operadores históricos provoca una distorsión de la competencia.

En particular, se impugnan el derecho de preferencia en la fase de renovación de la concesión (que en cualquier caso exige que el concesionario iguale la oferta más elevada) y la duración máxima de setenta y cinco años fijada a discreción de las administraciones. También en este caso, como en el de España, lo que la Comisión destaca es la falta de respeto de la competencia en relación con las concesiones relativas a obras estables que no son fáciles de suprimir.

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