Normas

La UE abre expediente de infracción a España por las concesiones de playas

Bruselas impugna el incumplimiento de la legislación comunitaria por la adjudicación de playas sin concursos y largas prórrogas

La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España para sancionar su incumplimiento del Derecho comunitario en la adjudicación de concesiones de playas. En concreto, Bruselas impugna dos aspectos de la “Ley de costas”, que en el país ibérico regula la gestión del dominio marítimo: por un lado, la ausencia de procedimientos selectivos transparentes e imparciales para el otorgamiento de nuevos títulos concesionales y, por otro, la posibilidad de prorrogar la vigencia de los títulos existentes hasta 75 años sin justificación alguna. Ambas normativas, según la UE, serían contrarias a la legislación europea.

Según una nota de la Comisión Europea, “la Ley de Costas española prevé la posibilidad de otorgar concesiones (autorizaciones en el sentido de la Directiva de servicios) para la construcción de estructuras permanentes (por ejemplo, restaurantes, granjas, industria papelera o química, etc.) en el denominado “dominio público marítimo-terrestre”, fuera de los puertos, sin un procedimiento de selección abierto y transparente”. Además, la Comisión explica que la ley española prevé “la posibilidad de prorrogar su duración hasta 75 años, de nuevo sin procedimiento de selección”, y que “esta ley viola la Directiva de servicios” (conocida como “Directiva Bolkestein”).

Poco antes que España, la vecina Portugal también había acabado en el punto de mira de la Comisión Europea por la gestión de las concesiones de playas. Al Gobierno lusitano, Bruselas le había enviado la primera carta de emplazamiento en abril de 2022 y confirmado el procedimiento de infracción el pasado enero, ya que ni siquiera había llegado de Lisboa una respuesta a la primera misiva. Italia, por su parte, había acabado en infracción en 2009 debido al régimen de renovación automática de las concesiones, derogado en 2010, que también provocó el cierre de la sanción europea. Sin embargo, en diciembre de 2020 Bruselas envió una nueva carta de emplazamiento a nuestro país, a la que hasta la fecha no ha seguido el inicio efectivo del procedimiento de infracción, ya que la ley de competencia del Gobierno de Draghi, aprobada el pasado agosto, instituía por primera vez los concursos de concesiones para el 31 de diciembre de 2023 (luego aplazados un año con una enmienda al decreto ‘milleproroghe’ aprobada ayer en el Senado).

Hasta la fecha, España y Portugal han sido citados a menudo por los bañistas italianos para denunciar un supuesto trato desigual en materia de concesiones. Aunque Roma ya ha recibido de hecho dos cartas de emplazamiento, la UE nunca antes había impugnado las normativas de Madrid y Lisboa, que prevén largas prórrogas y derechos de tanteo a favor de los actuales concesionarios. Pero parece que, desgraciadamente, Bruselas también ha decidido poner en el punto de mira a los demás países que hasta ahora han defendido el mantenimiento y el carácter distintivo de sus concesiones de playas.

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