El litoral andaluz encara un futuro incierto: estudios del Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC) anticipan que para 2050 las playas perderán entre 5 y 25 metros de arena seca, llegando en casos extremos a un retroceso de 65 metros hacia 2100. Esto significaría la desaparición de hasta 33 playas, sobre todo en la Costa del Sol, Cádiz y Huelva.
La situación ya se percibe en muchos municipios. Marbella, Isla Cristina o Matalascañas han sufrido pérdidas masivas de arena y daños en paseos marítimos, lo que pone en jaque tanto al turismo como a la economía local. En Cádiz, por ejemplo, se estima que la costa retrocede dos metros al año, mientras que en Doñana el avance del mar y la salinización amenazan humedales y cultivos de fresas y frutos rojos.
Organizaciones como WWF y Greenpeace advierten que, de continuar esta tendencia, el Mediterráneo occidental podría elevar su nivel hasta 76 cm a final de siglo, arrastrando decenas de metros de playa. Esto supondría un golpe directo a sectores clave: el turismo de sol y playa —que aporta más del 12% del PIB nacional— y la agricultura de regadío en Huelva y Cádiz.
Ante este escenario, científicos, alcaldes y ecologistas reclaman medidas estructurales y urgentes. La Junta de Andalucía asegura tener una hoja de ruta basada en proyecciones del IPCC, con herramientas para anticipar y mitigar los impactos. Sin embargo, la presión social crece: Andalucía no solo se juega su paisaje costero, sino también su modelo económico y el futuro de miles de familias.
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